Editorial del programa Razón de Estado número 106

El siglo XX, sobre todo en las primeras seis décadas, marcó su historia con una pandemia que se llevó a más de 50 millones de seres humanos, una depresión devastadora, dos guerras mundiales y la imposición de numerosas dictaduras.

Sin embargo, en las cuatro décadas finales de aquel lejano siglo, las democracias del mundo avanzaron como nunca, cayó el Muro de Berlín, los países de Occidente tuvieron un crecimiento económico extraordinario, la pobreza bajó y la expectativa de vida subió.

A pesar de su juventud, el siglo XXI está haciendo de las suyas. Llevamos ya varias crisis económicas, que podrían costar más que la de hace un siglo. El bienestar cayó a niveles de hace 15 años y las guerras, que las hay, hoy son más complejas y se pelean de forma distinta.

Si se gestionan bien estos desafíos, se pueden superar. Pero el problema del siglo en que vivimos es la política y la forma en que quienes la practican están destruyendo las democracias, sus instituciones y los valores que protegen y garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos.

El marcado y peligroso deterioro que sufre la política se debe a los actos infames, indecorosos que cometen los políticos, a su incompetencia y a su corrupción. Por eso la pérdida de confianza y de respeto por la mayoría de ellos, por eso el deterioro de las instituciones, por eso el lamentable y accidentado ejercicio de la democracia.

La debilidad y la insuficiencia económica de tantos años ha generado una crisis social crónica y permanente, agravada pro la interminable acumulación de escándalos que afecta a una clase política llena de personajes opacos, sin causa y sin ideas, cuyo único mérito es haber destruido la moral pública.

La renovación de la clase política depende de un esfuerzo mucho más grande que el voto de cada cuatro años.

La democracia se protege y logra continuidad cuando las instituciones funcionan. Por eso, la importancia vital e impostergable de hacer las cuatro grandes reformas que el Estado necesita.

La reforma que rescataría el sentido de la justicia y nos permitiría elegir jueces y magistrados que la honren, que garanticen el respeto a la ley, la igualdad de todos frente a ella y un Estado de derecho.

La reforma electoral que devuelva a la nación la ilusión por su democracia. Una reforma que promueva la formación de partidos políticos institucionales en lugar de bandas criminales. Una reforma que nos de el derecho, la oportunidad y la libertad de elegir a los mejores dirigentes con transparencia, con los más altos estándares de excelencia para que representen frente al Estado, con dignidad y resultados, a los ciudadanos que les elijan.

Las reformas al servicio civil y la administración del Estado que rescatarían la eficiencia y la honradez en la administración de los recursos públicos, los cuales, estarían en manos de una tecnocracia calificada, remunerada con decoro y expuesta a la rendición de cuentas.

Seguir dejando nuestro país en manos de trúhanes, capitostes, narcos y matones, es el camino directo al suicidio colectivo. Nuestra democracia republicana no es causa perdida. El subdesarrollo político imperante puede, y debe, ser vencido. Esta es la clave, esta es la batalla crucial que debemos emprender.

Que no quede duda, vivimos tiempos en los que se hacen indispensables el heroísmo cívico, la militancia política ejemplar y la ciudadanía presente y comprometida.

Emprender las cuatro reformas del Estado y la integración económica de Centroamérica es el camino al futuro, el único que nos llevará al bienestar, al desarrollo y a la libertad.