Editorial del programa 390 de Razón de Estado

Cuando el crimen organizado y los políticos se dan la mano, la política se degrada y la democracia se desfigura. El Estado, que nació para proteger a los ciudadanos, se vuelve instrumento de imposición; la ley, que debía ser límite, se convierte en coartada; y la política, que es el arte de ordenar la convivencia, degenera en oficio turbio donde prosperan los peores. No es novedad histórica, pero sí tragedia recurrente en la mayoría de nuestros países.

Donde el crimen contamina la política, la selección de líderes se invierte. No ascienden los capaces ni los virtuosos, sino los audaces en el engaño, los hábiles en la intimidación, los cínicos en la mentira. La política deja de atraer a ciudadanos con vocación de servicio y se vuelve imán para oportunistas sin escrúpulos y para personajes que confunden el poder con la impunidad.

Este fenómeno viene siempre acompañado de populismo autoritario, normalmente de izquierda radical. Este populista no gobierna con programas, gobierna con enemigos. Y cuando se queda sin adversarios, los inventa.

Las consecuencias están a la vista en la América Latina de hoy, con Estados capturados, economías deformadas, sociedades fragmentadas y generaciones enteras condenadas a vivir entre el miedo y la resignación.

El crimen organizado en la política, como socio del poder, no solo roba recursos, roba futuro. Corrompe todo lo que toca. El populismo autoritario, cuando se asocia con el crimen, no busca gobernar bien, busca gobernar siempre. Y para ello necesita destruir los contrapesos, domesticar la justicia, intimidar a la prensa y anestesiar a la ciudadanía con la mentira populista o con la imposición autoritaria.  

En Colombia, va de salida Gustavo Petro, un presidente mamarracho, cuya gestión fue un desastre político, institucional y moral. Bajo su mandato se debilitó la autoridad del Estado, se legitimaron actores criminales con disfraz de diálogo y se sembró discordia donde debía haber armonía. No fue torpeza, fue convicción ideológica. Y como si el daño hecho no bastara, ahora pretende dejar en su lugar a Iván Cepeda, otro personaje del mismo corte, pero más radical, con la intención de profundizar la deriva populista y el conflicto para seguir hundiendo a Colombia.

Ahora bien, Colombia tiene salida y está en el ciudadano que cree en la libertad, en la ley y en la democracia republicana. Está en el ciudadano que entiende que la política no es un espectáculo ajeno, sino una responsabilidad compartida. De ese ciudadano depende, no solo el futuro de Colombia, sino la salud moral de toda la América Latina.