El jefe de la CICIG aseguró ayer que es factible buscar «salidas jurídicas» para los sindicados en casos de corrupción, toda vez sean castigados.

FERDY MONTEPEQUE

No es la primera vez que el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, se refiere a la aceptación de cargos por parte de los acusados en casos de corrupción como un aporte a las investigaciones en conjunto con el Ministerio Público (MP). Pero el tema ha vuelto a ser discutido con el fin de encontrar «salidas alternas» para agi­lizar la aplicación de penas, siempre y cuando los sindicados reconozcan la comisión de delitos.

Lo anterior es uno de los aspectos que más contribuyen con la cons­trucción de la democracia, indicó ayer Velásquez en una entrevista que fue difundida durante el «Tercer Encuentro Ciudadano» organizado en un hotel capitalino por la Fundación Libertad y Desarrollo. El comisionado explicó que la aceptación de los cargos no significa un «borrón y cuenta nueva» porque también debe existir condena.

«Para la construcción de la democra­cia, el respetar los principios y valores democráticos creo que es indispen­sable, reconocer que se cometieron errores en muchos ámbitos, no solo en financiamiento electoral -y no solo empresarios- sino muchas personas del país», dijo Velásquez al ser cuestio­nado sobre los procesos abreviados a los que podrían someterse quienes son acusados de actos ilícitos y se encuen­tran en prisión preventiva.

El pasado 24 de febrero, durante un foro en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el titular de la CICIG indicó que «sería altamente positivo para el país» que antes de que se revelen nuevas investigaciones por financia­miento electoral ilícito los aportantes anónimos de las campañas electorales pasadas reconocieran sus acciones y pidieran perdón por sus actos.

En el Congreso existe una inicia­tiva para crear la Ley de Aceptación de Cargos presentada desde julio de 2017 por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La propuesta busca la creación de un procedimien­to especial aplicable a quienes hayan cometido cualquier delito, excepto los de lesa humanidad. Dicho procedi­miento permitiría a quienes acepten su responsabilidad en los cargos que les impute el MP, una reducción en una tercera, cuarta o quinta parte de la pena que considere imponer el juez a cargo de la causa.

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Tras el «Tercer Encuentro Ciudadano» en el que fueron reconocidos periodistas, medios de comunicación, auditores y fiscales por su lucha contra la corrup­ción; la fiscal general del MP, Thelma Aldana, explicó que en su reunión con la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Nikki Haley, la diplomática indicó que veía ala CICIG como al FBI que hace su trabajo sin realizar conferencias de prensa. No obstante, Aldana y Velásquez coinci­dieron en que las exposiciones ante los medios de comunicación abonan a la «transparencia y construcción de ciudadanía».

«Ella (Haley) le manifestó al comisionado que era importante que CICIG no se politizara. En cuanto a las conferencias de prensa, manifestó que veía a la CICIG como al FBI que hace el

trabajo sin conferencias. Le explicamos el porqué de las conferencias, la historia del país de justicia penal inquisitiva y cómo pasamos al modelo acusatorio que es transparente, oral y público. Le explicamos cómo las conferencias han ayudado a formar la conciencia ciudadana en el país», precisó la fiscal.

Aldana también negó que el partido Creo le propusiera ser su candidata presidencial e hizo un llamado a la Comisión de Postulación, que actualmente selecciona a quien la relevará en el cargo, para que haga énfasis en los méritos morales de los candidatos.

Presidente, ausente

El empresario Dionisio Gutiérrez, integrante de la Junta Directiva de la Corporación Multi-Inversiones. señaló que los gobiernos en este país comúnmente han sido «torpes e ignorantes. como el actual» al referir­se a la administración de Jimmy Morales, quien no fue invitado a la actividad «Señor presidente. deje de avergonzar a Guatemala, deje de ser el representante de las fuerzas oscuras que no quieren que el país cambie. Sus actos contradicen sus palabras», señaló Gutiérrez.