Editorial del programa 428 de Razón de Estado

Hay una peligrosa confusión en nuestro tiempo y es creer que una democracia, por ser tolerante, debe tolerarlo todo. Incluso a quienes incendian sus calles, destruyen sus instituciones, atacan a sus ciudadanos y pretenden utilizar las libertades de una sociedad abierta para acabar con la libertad misma. No. La democracia no es suicidio institucional. La libertad no consiste en entregar las llaves de la ciudad a quienes quieren quemarla.

En demasiados países desarrollados hemos visto aparecer grupos radicalizados que han sustituido el argumento por la furia, la discrepancia por la intimidación y la protesta legítima por la violencia. Algunos parecen incapaces siquiera de explicar con coherencia aquello que defienden. Repiten consignas, adoptan causas convertidas en dogma y terminan creyendo que destruir la propiedad ajena, agredir a la policía o paralizar una ciudad constituye alguna forma superior de justicia. No lo es.

Una democracia liberal reconoce y protege el derecho a protestar, a disentir, a organizarse y hasta a expresar ideas profundamente equivocadas. Esa amplitud constituye precisamente una de sus grandes virtudes.

Pero existe una frontera inequívoca: la violencia. Cuando comienza el incendio, la agresión, el saqueo o la destrucción deliberada, termina la protesta pacífica y comienza la responsabilidad penal. Y en ese momento, el Estado tiene no solamente el derecho, sino el deber de actuar.

Los gobiernos nacidos de elecciones libres, sometidos a la Constitución, limitados por tribunales independientes y obligados a respetar los derechos ciudadanos poseen el monopolio legítimo de la fuerza precisamente para impedir que lo ejerzan las turbas, las mafias, las organizaciones violentas o cualquier grupo que pretenda imponer por intimidación aquello que no consigue mediante las urnas.

Esa fuerza, naturalmente, debe ejercerse dentro de la ley. Con proporcionalidad, disciplina, supervisión y rendición de cuentas, pero debe ejercerse.

Las democracias deben defenderse también frente a la injerencia extranjera, la financiación ilícita, la desinformación y cualquier operación destinada a erosionar desde dentro o desde fuera sus instituciones.

La historia enseña que las sociedades libres pueden desaparecer cuando confunden tolerancia con debilidad. Una democracia segura de sí misma permite todas las ideas, protege toda protesta pacífica y garantiza toda discrepancia. Pero frente a la violencia, aplica la ley.

La democracia debe tener límites para el poder, pero también debe tener instrumentos para defenderse, porque un Estado de derecho que renuncia a hacer cumplir la ley termina dejando el terreno libre precisamente a quienes no creen ni en el derecho, ni en la democracia, ni en la libertad.