Editorial del programa 425 de Razón de Estado

Hay presidentes que fracasan porque se equivocan. Otros fracasan porque nunca comprendieron la dignidad del cargo que ocupaban. Y existen algunos, mucho más peligrosos, que llegan al poder sin intención de servir al Estado, sino de servirse de él.

En Iberoamérica, hay algunos que nunca debieron ser presidentes. Se dedicaron a manipular, dividir, intimidar y convertir cada institución en instrumento de supervivencia personal. Para ellos, gobernar no significa administrar el poder dentro de la ley; significa apoderarse de la ley para que nadie pueda limitarlo.

Así comienza la degradación populista y autoritaria.

Primero se desprestigia al adversario. Después se ataca a la prensa. Luego se desacredita al juez, se compra al fiscal, se intimida al empresario y se transforma al Parlamento en escenario de obediencia o bloqueo. Finalmente, el ciudadano descubre que las instituciones siguen teniendo nombre, edificio y bandera, pero ya no tienen independencia.

La democracia continúa en pie, aunque por dentro haya sido vaciada. La corrupción se convierte en sistema.

El poder sin límites termina destruyendo el Estado de derecho. El pícaro disfrazado de salvador convierte el palacio en mercado, la ley en mercancía y el Estado en botín.

Cuando un presidente utiliza el poder como escudo frente a la justicia, cuando gobierna rodeado de corruptos y necesita debilitar a quienes podrían investigarlo, deja de ser gobierno. Eso se llama organización criminal.

El gobernante mafioso fabrica enemigos para explicar sus fracasos. La economía falla por culpa de otros. La inseguridad es herencia del pasado. Los jueces conspiran. Los periodistas mienten. Los empresarios sabotean. La oposición traiciona. Nunca él.

Dividen para sobrevivir, confrontan para ocultar, gritan para no rendir cuentas.

Pero existe una frontera que ninguna democracia debe permitir que se cruce. Cuando el presidente amenaza a los jueces, asfixia la libertad de expresión, destruye la seguridad jurídica, invade los contrapesos y convierte la corrupción en mecanismo de gobierno, ya no estamos ante una mala administración. Estamos ante el secuestro de la democracia.

Los pueblos deben saber que tienen derecho a defenderse con aquello que el populista más teme: ciudadanos conscientes, prensa libre, elecciones auténticas, jueces firmes, instituciones independientes y una sociedad que recuerde que ningún gobernante es dueño del país.

El poder es siempre provisional. La libertad y la ley, en cambio, deben aspirar a ser permanentes.

Cuando una nación comprende esa diferencia, empieza a rescatarse a sí misma.