Editorial del programa 419 de Razón de Estado

América Latina ha pagado un alto costo por la alianza entre la política y el crimen, con Estados penetrados por mafias, gobiernos que negocian con organizaciones criminales y estructuras públicas que terminan sirviendo a quienes deberían combatir.

Cuando eso ocurre, la república deja de ser casa de ciudadanos, la ley se vuelve selectiva, la justicia pierde autoridad y la política, en vez de ordenar la convivencia, administra miedo, impunidad y clientelismo.

El crimen organizado no tiene ideología. Puede vestirse de izquierda o de derecha, hablar de justicia social o de mano dura, envolverse en discursos revolucionarios o conservadores. Su lenguaje verdadero es otro: dinero, control, impunidad y poder. Y cuando encuentra políticos dispuestos a asociarse, el resultado es devastador.

Hemos tenido demasiados gobiernos que, en lugar de enfrentar a las mafias, han pactado con ellas. Por corrupción, por cálculo político o por ambas. Así se forman esas coaliciones perversas donde el narcotráfico compra protección, la política compra territorio y las redes de corrupción vacían los presupuestos que deberían financiar escuelas, hospitales, carreteras y seguridad.

El daño va mucho más allá de los asesinatos o de las cifras de criminalidad. Las mafias destruyen confianza. Expulsan inversión. Obligan a emigrar. Corrompen policías, jueces y fiscales. Intimidan a periodistas. Financian campañas. Compran alcaldes. Penetran congresos. Y, llegado cierto punto, ya no necesitan esconderse del poder porque forman parte de él. Ese es el verdadero peligro.

Una sociedad puede sobrevivir a un mal gobierno. Puede recuperarse de una recesión. Puede corregir una política equivocada. Lo que cuesta mucho más reparar es un Estado capturado por redes criminales, porque cuando el delito conquista las instituciones, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en sistema.

No debemos escoger entre orden y libertad. Necesitamos ambos. La autoridad democrática no consiste en atropellar derechos, sino en garantizar que el ciudadano pueda vivir sin miedo. Y la libertad no puede existir allí donde una banda decide quién trabaja, quién circula, quién habla y quién vive.

Nuestros países han pagado demasiado caro la cobardía, la corrupción y la complicidad. Cuando un gobierno se asocia con el crimen, deja de ser parte de la solución y se convierte en parte de la mafia. Y ninguna sociedad libre puede aceptar eso como destino.

América Latina necesita Estados fuertes, pero fuertes en la ley. Policías capaces, pero sometidas a controles. Fiscales independientes. Jueces protegidos. Cárceles gobernadas por el Estado y no por criminales. Y necesita, sobre todo, gobiernos que entiendan que negociar la soberanía con las mafias es traicionar a la nación.